¿Pero qué han hecho la patronal y los sindicatos con los cursos de formación? ¿Y los políticos?

Esta semana nos han llegado un par de noticias explosivas relacionadas con la formación, el empleo y el fraude. La primera, la detención del presidente de la Federación de Empresarios de Madrid Alfonso Tezanos, relacionado con un supuesto fraude de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid. La segunda ha sido la fianza multimillonaria -29,5 millones de euros- a la exministra Magdalena Álvarez, que ocupó el cargo de Consejera de Economía en la época en la que, supuestamente y según la jueza Alaya, se desviaron cantidades ingentes de dinero público destinado al empleo y a los famosos ERE a otros menesteres, entre los cuales estaba el enriquecimiento ilícito de más de uno.

Los sindicatos, quetambién tuvieron su parte, tal y como comenté en su día , cierran un círculo en el que, junto a políticos y empresarios (no generalizo, pero haberlos hay), se han visto metidos hasta el cuello en un asunto muy feo. No sólo feo por el hecho de meter la mano en la caja, sino porque además se usó fraudulentamente un dinero en una comunidad -hablo de Andalucía- con tanto paro y necesidad.

También quiero citar los cursos de formación para desempleados y emitir una reflexión para el debate, a modo de paréntesis. Cuando había más dinero para financiarlos, se convertían en un fin en sí mismos, tanto para las empresas y entidades que los impartían como para muchos alumnos que, ante la falta de expectativa, se pasaban muchos meses de su desempleo acumulando horas de formación. ¿Inserción laboral? Pues no sé, habrá que analizar los datos de inserción, pero de inserción relacionada con la formación que adquirían, no contar como inserción cualquier trabajo y sumarlo al curso. Esto no tiene nada que ver con el fraude, pero está claro que no solemos optimizar los recursos que tenemos o de los que pudimos disponer en otras épocas. Cierro paréntesis.

Entiendo  que el problema fundamental en España es la falta de tejido productivo, y que en la era de Internet cualquiera con conexión puede formarse en unas condiciones más que dignas sin necesidad de someterse a cursos presenciales tutorizados por alguna de estas organizaciones, pero no podemos obviar que la burbuja de cursos financiados con dinero público pinchó y detrás dejó un rastro más que oscuro. Es necesario analizar toda subvención pública con lupa y reforzar todos los controlas más si cabe. 

La falta de transparencia y el cachondeo existente entre los ERE y los dichosos cursos han centrado mucho el debate en los sindicatos -creo que incluso más que en la patronal-, ya de por sí bastante desprestigiados. Pero los casos de Madrid y Andalucía, y muchos más que seguro habrá, nos ayudan a entender mejor que el fraude en España es común en aquellas actuaciones opacas y cercanas al poder. La necesidad de una administración más transparente no sólo es un imperativo democrático, sino que facilita aún más la auditoría constante de todo dinero público. 

Ante todo esto, elgobierno pretende reformar el sistema de formación para el empleo, pero, ¿solucionaría todos estos problemas el hecho de restarle poder a sindicatos y patronal en la planificación y ejecución de los cursos? 

Los sindicatos, que están dispuestos a abandonar en parte la ejecución de los cursos, no lo están tanto en dejar de lado la planificación y el diseño. Según he podido leer en el artículo anteriormente citado, el gobierno opina que las entidades de formación acreditadas y registradas (centros privados) “no deben ser "meros proveedores de formación" sino "corresponsables en la planificación y diseño de las iniciativas, en su evaluación y en la investigación de las metodologías y herramientas".

Desde luego, la polémica está servida, y es que los fondos para la formación son muy golosos. Por ejemplo, la formación para trabajadores -la antigua formación continua- se financia de la siguiente forma: una “cuota que empresa y trabajadores pagan en sus nóminas (un 0,7%, del que el 0,6% se hace cargo la empresa y el 0,1%, el trabajador)”, lo que significa unos “1.800 y 2.000 millones al año. De ellos, 700 se destinan a la bonificación empresarial, esto es, a formación que hacen las empresas para su plantilla, bien para que adquieran nuevas competencias o para que se reciclen”. El resto, 1200 millones de euros, “se reparten entre las comunidades autónomas, el Estado y los agentes sociales (sindicatos y patronal, entidades de la economía social y de autónomos). Cada entidad convoca luego sus cursos de formación. Es la Fundación Tripartita, en la que participan sindicatos, patronal y el Ministerio de Empleo, la encargada de gestionar y supervisar este último punto, el del reparto de fondos estatales. No obstante, muchas comunidades autónomas firman con la fundación convenios de colaboración para que esta apoye o fiscalice sus cursos”.

Como veis, mucho dinero pululando. Seguiremos atentos al debate.